En la primera jornada del juicio que se les sigue a tres personas acusadas de llevar a dos hermanas engañadas con falsas propuestas de trabajo de Florencio Varela a la ciudad de Pinamar para ser explotadas sexualmente, terminó con la detención en la sala de uno de los imputados que permanecía en libertad, por amenazas a un familiar de las víctimas.
El fiscal de Distrito Daniel Adler y el fiscal de Dolores Orlando Giménez solicitaron, al final de la primer audiencia del juicio, la detención de Matías Aguirre -uno de los tres imputados- al entender que estaba en riesgo el normal desarrollo del proceso.
Por lo que el tribunal Oral y Federal de Mar del Plata integrado por los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, revocaron la eximición de prisión tras confirmar que días atrás había advertido al padre de la tercera víctima que tuviera cuidado con lo que iba a declarar él y su hija durante el juicio, indicaron fuentes tribunalicias.
En este nuevo juicio de trata de personas los imputados Alejandro Aguirre, de 57 años, Gonzalo Matías Aguirre, de 35, y Valeria Ester Giménez de 23, deberán responder por la captación, el traslado y la explotación sexual de dos hermanas de 15 y 16 años, que fueron engañadas en Florencio Varela con falsas propuestas de trabajo; y la captación y traslado de una tercera víctima, cuya explotación no llegó a consumarse.
A través de un sistema de videoconferencia, prestó declaración una de las hermanas que resultó víctima. “A.S.” (identificada así en el juicio) tenía al momento de los hechos 16 años, y relató que fue Alejandro Aguirre quien le ofreció trabajo en un puesto de la playa, a quien contactó a través de un vecino. Como eran menores, relató que Aguirre le dijo que necesitaría la autorización de un mayor, y la abuela de palabra validó el viaje. Aprovechando la situación de total vulnerabilidad, el imputado les pidió que cambiaran sus nombres y edades.
Durante la primera semana en la ciudad balnearia, una de las hermanas trabajó en un lavadero de autos, y la otra de niñera en la casa donde vivía Aguirre con su familia. Luego, el imputado se habría presentado en el departamento y les habría dicho que no había más trabajo para ellas y que “el dinero que ganaron en una semana lo podían ganar en un día haciendo sexo”. Ante ello, les propuso “acostarse con unos chabones, que eran empresarios y abogados, que eran limpitos” y que “tenían que pensar en la billetera y no con la cabeza”.
En su declaración dijeron que aceptaron “ante las amenazas proferidas por Aguirre de matar a su familia, porque no tenían dinero para regresar y porque lo necesitaban para su abuela y su familia”.
Su hermana no pudo declarar dada la situación de estrés que viene atravesando. La profesional del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, que asistió a las víctimas a declarar dijo que sería una revictimización y se resolvió incorporar su testimonio prestado en la instrucción de la causa.
La tercera víctima, C.I.M., también declaró por videoconferencia. Relató que conoció a la imputada en el Plan Fines, donde juntas estudiaban para terminar el secundario. Ese verano de 2013 dijo que la fue a buscar a su casa y ofrecerle trabajo en Pinamar, que habría conseguido a través de Aguirre. Al llegar, tomó conocimiento de que en realidad iba a ser prostituida. Estuvo sólo un día porque se negó. “Me mandaron a mi casa porque me decían que yo no sirvo para eso”, dijo ella.
En tanto que de los imputados, el único que decidió declarar fue Alejandro Aguirre, alias “El japo”, padre del joven detenido hoy. El hombre de 57 años dijo que “era una víctima de todo” y que siempre creyó que las víctimas no eran menores. Luego de contar su militancia partidaria, sostuvo que a las chicas las usaron políticamente por su tarea cercana al intendente de Pinamar.
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